Coherencia con la realidad del país

Uno de los grandes dilemas que deberán sopesar las empresas una vez que entre en vigor la nueva ley sobre protección de datos personales es si vale la pena seguir operando en una jurisdicción en la que la multa más gravosa por infracciones gravísimas a este cuerpo legal puede llegar a los $ 1.400 millones o, bien, buscar otros destinos. Es cierto que se trata de una normativa que cuenta con amplio consenso entre la industria y expertos, respecto de sus fines, y también que en Chile impera un Estado de Derecho, pero eso no impide que haya fallas judiciales o que no se den sesgos administrativos que puedan influir en las tendencias regulatorias sobre un determinado mercado.

La protección de datos personales va en consonancia con el mayor tráfico de antecedentes sensibles que son objetivo del crimen organizado.

Hipotéticamente, algunas industrias puedan optar efectivamente por otros países en donde el riesgo de operación sea menor que en Chile ante una regulación que es necesaria, pero con sanciones que fueron advertidas por varios actores como excesivas. La protección de los datos personales va en consonancia con el mayor tráfico de antecedentes sensibles no solo de las personas, sino que también de las empresas y de los propios Estados que son objetivo del crimen organizado que, en el caso de Chile, ha aumentado dramáticamente en actividad, efectividad y sofisticación.

Tras una larga tramitación en el Congreso, el país se une a las economías de vanguardia que han puesto el resguardo de la data como prioridad para impedir su uso indebido, mediante una legislación que incentiva el desarrollo tecnológico y los protocolos de seguridad y que impone sanciones a las empresas que incurran en faltas que posibiliten filtraciones en el sistema.

Es razonable imponer multas disuasivas, pero en lugar de alentar mejores prácticas, las que se fijaron en la normativa provocarán “paralización”, han advertido gremios como la Sofofa y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información. Esta materia fue abordada durante la tramitación de la norma en el Congreso, pero no tuvo ninguna consideración de parte de los parlamentarios, en especial del oficialismo.

La ley es un avance. Habrá nuevos derechos, se modificarán los procedimientos y requisitos de consentimiento para la entrega de datos y se pondrán en marcha categorías para protegerlos.

Queda en la retina el afán del legislador por copiar el estándar de Europa en esta materia, sin considerar los años de experiencia que nos lleva por delante la Unión Europea y la distancia tecnológica que nos separa. Es de esperar que la autoridad no haya cometido un error legislativo al intentar ser tan puntillosos en un tema emergente, en el que valía la pena ir aprendiendo, en lugar de pretender ser vanguardia, sobre todo cuando el ecosistema aún necesita madurar para mostrar una evolución que sea coherente con el desarrollo económico del país.